El Programa 102 es, en todo nuestro país, el servicio de asistencia telefónica gratuita, confidencial y de contención para niños, niñas y adolescentes. En San Juan, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, es quien se encarga de ejecutar este modelo integral de inclusión y rápida respuesta ante situaciones de vulnerabilidad de derechos.
En este marco y comprendiendo la importancia de contar con un sistema en constante modernización, es que el Estado provincial continúa potenciando el alcance y cobertura del programa.
Por este motivo, se llevó adelante una nueva capacitación, destinada al personal técnico de la DINAF que se encarga de recepcionar todos aquellos llamados que son realizados a la línea 102 y llevar adelante el abordaje integral correspondiente.
El taller permitió que los operadores y las operadoras del programa puedan incorporar conocimientos sobre el funcionamiento del Registro Único Nominal de Medidas de Protección Integral (RUNMEPI). El mismo, constituye un sistema de registro que permite documentar las medidas e intervenciones realizadas a lo largo del país para restituir derechos de NNyA.
Esta plataforma digital, constituye un elemento clave de trabajo, ya que cada vez que se produce un abordaje se debe elaborar un informe contemplando todas las medidas adoptadas, así como también, si existe o no intervención judicial. Estos informes permiten que exista luego un seguimiento continuo sobre cada situación y sobre las políticas públicas destinadas a las infancias.
Además, la capacitación permitió incorporar nuevas estrategias de abordaje ante situaciones de vulnerabilidad, orientadas a brindar un servicio de calidad con personal especializado y con amplia accesibilidad.
La modernización del Programa 102 se vincula con la necesidad de responder a la demanda de la sociedad en la realización de reportes sobre todas las situaciones que involucren la transgresión de derechos de niños, niñas y adolescentes, para lograr su restitución, entendiendo que es el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de los mismos.
